Chris Ealham

“Ceux qui font des révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau”. ( Chi fa una rivoluzione solo a metà scava la propria tomba)

Louis Antoine de Saint-Just, Discorso alla Convenzione Nazionale, 3 de marzo de 1794

“La culpa de lo que ocurre no hay que achacarla a los políticos burgueses, pues, a fin de cuentas, defienden una posición peculiar. Los culpables de que la revolución no haya barrido a los enemigos de la clase trabajadora hay que buscarlos en las filas obreras, quienes, por poca decisión en los primeros momentos, han permitido que las fuerzas contrarrevolucionarias hayan alcanzado un volumen tan cuantioso que costará mucho reducirlas.”

Jaume Balius, “Hagamos la revolución”, Ideas, número 15, 8 de abril de 1937

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Hay una clara tendencia en las memorias de líderes anarquistas de los años treinta a atribuir la destrucción de la revolución española y la derrota en la guerra civil a ma- quinaciones estalinistas y al papel del PCE y el PSUC, con la “provocación” de los hechos de mayo como un momento clave. Es indiscutible que una alianza estalinista-republicana se enfrentó sistemáticamente a la revolución española, pero el discurso posterior de los líderes anarquistas oculta su postura, su papel durante la guerra civil y su connivencia en el asalto contra la revolución de julio.

La revolución de julio fue una revolución hecha a medias. Cuando el poder estatal se desplomó con el golpe militar-fascista, miles de obreros catalanes y españoles respondieron a la nueva situación política con una revolución que era, en muchos sentidos, más profunda y popular que la revolución rusa. El poder inicial de la re- volución se basó en una red laberíntica de comités de barriada y grupos de obreros armados (patrullas obreras y milicias). Sin embargo, a diferencia de la revolución francesa o de la revolución rusa, la revolución española no destruyó el viejo apara- to de Estado, ni logró generar ninguna otra institución revolucionaria. El poder na- ciente de esta serie de micropoderes locales chocó con la oposición doctrinal de los anarquistas hacia el Estado e hizo que éstos se resistiesen a formar nuevos órganos de poder político. El 21 de julio, mientras la energía revolucionaria se adueñaba de las calles, una asamblea improvisada de militantes del movimiento libertario cata- lán en Barcelona, con el único fin de lograr la unidad en la guerra contra el fascis- mo, aceptó la “colaboración democrática” con los republicanos.

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Los líderes de la CNT-FAI no tenían plan alguno para la toma del poder político o para organizar estructuras políticas revolucionarias y no estaban preparados para imponer un nuevo programa político-revolucionario. En cambio, convencidos de que el orden republicano y sus prohombres estaban hundidos en la impotencia, los líderes anarquistas simplemente ignoraron el cascarón intacto del viejo Estado.

Así pues, aquel 21 de julio de 1936, la CNT-FAI aceptó una “oferta” de Lluís Companys para compartir el poder con los partidos del Frente Popular en el Comité Central de Milícies Anti- feixistes de Catalunya (CCMAC), un nuevo organismo compuesto por partidos y sindicatos prorrepublicanos que organizaría la lucha para apoderarse de las áreas donde había triunfado el golpe. El CCMAC, que en apariencia era un organismo revolucionario, en la práctica funcionaba como un gobierno y ministerio de la gue- rra interclasista bajo el control de los sindicatos, que permitía a los anarquistas par- ticipar en el poder sin que pareciesen comprometer sus principios antiestatistas. Ésta sería la primera de una serie de ocasiones en las que los líderes de la CNT- FAI, inexpertos en la política pero totalmente comprometidos con la ideología de la “colaboración democrática”, fueron objeto de maniobras excluyentes en los meses que precedieron al mayo del 37. Sin duda, para los defensores del Estado republi- cano, la creación del CCMAC supuso un respiro ante el cambio político revolucio- nario que estaban atravesando: la Generalitat y el Estado republicano, aunque eclipsados por el CCMAC y los micropoderes obreros durante julio y agosto, so- brevivieron a la revolución y nunca perdieron su existencia legal.

Entre julio del 36 y mayo del 37, la cuestión pendiente sobre el poder político creó una situación intrínsicamente inestable dentro de la zona republicana, que conduciría a la confrontación directa entre un poder obrero disperso y el poder cada vez más reconsti- tuido del Estado republicano. Dos procesos operaban al mismo tiempo: por un lado, la disipación de las energías revolucionarias de julio de 1936 debido a la ausencia de es- tructuras capaces de canalizarlas; por el otro, la reconstrucción del Estado republicano. La lógica de la guerra obligaba a la creación de una autoridad central que dirigiese la lucha contra las fuerzas de la reacción. Ante la ausencia de una estructura política revo- lucionaria capaz de canalizar las energías populares en la lucha contra el fascismo, el Estado republicano-burgués asumió un papel coordinador cada vez más importante. Asimismo, por raisons de guerre, la jerarquía anarquista aceptó y confabuló para la re- construcción del Estado burgués “desde arriba” Tras haber arrastrado a la CNT-FAI a la “colaboración democrática” del Frente Popular en julio, la dirección anarquista no tuvo más remedio que convivir con las fuerzas políticas existentes en un “pacto antifas- cista” Esta situación dio lugar a una serie de compromisos que facilitaron la aparición de polos de poder contrarrevolucionarios, que culminarían en la reconstitución del vie- jo Estado y, simultáneamente, en la erosión de la autoridad de los comités revoluciona- rios locales. En este sentido, el período del CCMAC (julio-septiembre), cuando el fervor revolucionario alcanzó su punto más álgido, supuso un respiro para los partida- rios del poder republicano, que se dedicaron a reforzar poco a poco la autoridad del Estado tras su colapso en julio. Así, el CCMAC fue el primer paso hacia la centralización del poder al asumir un control total sobre la distribución, la justicia, el orden público y la defensa militar, áreas que habían estado durante un breve periodo de tiempo bajo la jurisdicción de los comités revolucionarios locales. Aunque éstos seguirían teniendo bastante importancia y autoridad en el ámbito local, otros cuerpos armados, como las patrullas obreras, perdieron su autonomía.

El siguiente compromiso de importancia asumido por los líderes anarquistas tuvo lugar a finales de septiembre de 1936. Ante la presión de sus “aliados” antifascistas para reemplazar el CCMAC por una Generalitat reconstituida, la dirección de la CNT-FAI aceptó la oferta de Companys de tres ministerios en el nuevo gobierno frentepopulista de la Generalitat. Cuando el 26 de septiembre los ministros anar- quistas asumieron sus cargos en el gobierno catalán, contrajeron una obligación a través de la responsabilidad colectiva con los otros partidos del Frente Popular, in- cluyendo a los republicanos de clase media. Aunque por razones internas la direc- ción de la CNT-FAI disfrazó su papel gubernamental con un discurso maximalista, incluso intentando de cara a sus bases hacer pasar a la Generalitat por un organis- mo revolucionario, en realidad aceptó sin contemplaciones la lógica colaboracio- nista del Frente Popular, que implicaba la contención de la revolución para preservar la unidad ministerial.

Constreñidos por sus responsabilidades gubernamentales, los ministros anarquistas se convirtieron en espectadores pasivos de la destrucción de los cambios revoluciona- rios de julio. En octubre de 1936, la Generalitat publicó dos decretos que, oficialmente al menos, confirmaban el poder del Estado sobre la revolución. El primero disolvió los comités revolucionarios dominados por los afiliados de la CNT, reemplazándolos por Consejos Municipales, cuyos miembros serían nombrados por todos los partidos del Frente Popular y no elegidos por democracia directa. Por otra parte, el segundo decreto “legalizó” las colectivizaciones revolucionarias, lo que en la práctica reforzó el poder de la Generalitat sobre la economía. Si bien en las zonas más revolucionarias, y/o en aquéllas donde los grupos republicanos y los partidos del Frente Popular eran débiles, no se hizo caso de estos decretos centralizadores, éstos fueron un paso importante en la reconstitución del Estado republicano. Tras unirse a la Generalitat, ya nada impedía la entrada de la CNT-FAI en el gobierno central ese noviembre. Solidaridad Obrera (4 de octubre de 1936) resumía las tendencias reformistas de los líderes anarquistas ha- ciendo referencia al hecho de que un gobierno con ministros anarquistas “ha dejado de ser una fuerza para la opresión de la clase trabajadora, así como el Estado no repre- senta ya el organismo que separa a la sociedad en clases”.

Después de años de apoliticismo y/o antipoliticismo, los líderes anarquistas se mos- traron obsesionados con la alta política, aunque actuaron con una gran ingenuidad y con una ausencia de visión estratégica. Un buen ejemplo de ello fue la crisis del gobierno de la Generalitat en diciembre de 1936, provocada por la ofensiva del PSUC contra el POUM. Esta campaña contra el POUM fue, de hecho, un ataque a la revolución: en aquellos momentos la CNT era todavía demasiado poderosa, pero los comunistas disidentes eran el ala izquierda vulnerable de la Generalitat. En lugar de cerrar filas con el POUM, el único posible aliado revolucionario de la CNT- FAI dentro de la Generalitat, los ministros anarquistas adoptaron una posición neutral en lo que veían como una “riña de familia”, centrándose en la forma del conlicto entre comunistas prosoviéticos y antiestalinistas, e ignorando el contenido, ligado a cuestiones de poder que habían quedado en el aire desde la revolución de julio.

Ante la expulsión del POUM del gobierno, los ministros anarquistas se cruzaron de brazos y aceptaron a cambio una mayor representación de la CNT-FAI en su seno. Sin duda satisfechos con el incremento de su poder en el gabinete, estos hombres ignoraron el hecho de que, tras la reorganización de la Generalitat, el PSUC se había hecho con el control de la distribución de alimentos y del orden pú- blico. El 17 de diciembre Joan Comorera se convirtió en conseller de Proveiments y, poco después, el 25 de diciembre, Eusebio Rodríguez Salas fue nombrado comi- sario general de Orden Público. Si bien las condiciones para un enfrentamiento en- tre el Estado y la revolución habían existido desde julio, a partir de este momento entraron en escena dos de los actores clave de los hechos de mayo.

El respeto de los ministros anarquistas hacia la disciplina gubernamental y la alianza antifascista contrasta radicalmente con la agresividad que los partidarios más fer- vientes del Frente Popular mostraron en la reconstrucción del Estado republicano. Con la ERC desacreditada por su fracaso desde el poder en evitar la revolución de julio y la aparente debilidad de Companys ante la CNT-FAI, el PSUC galvanizó la oposición a la revolución. A diferencia de ERC, que utilizaba la diplomacia para me- ter en cintura a los anarquistas, el PSUC tenía suficiente voluntad política para enfrentarse a la izquierda revolucionaria. A través de sus denuncias vociferantes sobre el “desorden” de la revolución, los estalinistas articularon una nueva ideología del orden, aumentando su base social entre los sectores urbanos intermedios –pequeños capitalistas, tenderos y la policía y el ejército catalanesque, desde la revolución de julio, se habían sentido indefensos. El PSUC también creció de forma considerable entre los rabassaires, los agricultores arrendatarios y los pequeños propietarios loca- les, que irónicamente eran el equivalente español más parecido a los kulaks. Así, a finales de 1937, cerca de 10.000 campesinos catalanes se habían unido al PSUC y pagaban sus cuotas, en total una cuarta parte de la afiliación del partido.

Para la coordinación de los esfuerzos antirrevolucionarios de sus partidarios, los militantes del PSUC formaron el GEPCI (Gremis i Entitats de Petits Comerciants i Industrials), un grupo de presión conservador formado por 18.000 tenderos y pequeños comerciantes que solicitó la vuelta del mercado libre. La base social del PSUC hizo de éste un partido único dentro de la Komintern; cuando fue fundado, la inmensa mayoría de los obreros catalanes estaban ya organizados en la CNT y, por tanto, las clases medias y otros estratos intermedios representados por la GEPCI eran la única opción de creci- miento del partido comunista catalán. Por ello, Criticón (19 de junio de 1936), una publicación satírica anarquista, bromeaba con el hecho de que, dada la extracción social de sus miembros, el PSUC no podía esperar que sus seguidores leyeran El Capital de Marx y que por ello deberían publicar una versión resumida con un título seductor: El pequeño capital. Dado que mucho de los sectores sociales que entraron en el PSUC carecían de poder movilizador en las calles y estaban acostumbrados a expresarse políticamente a través de los canales gubernamentales convencionales, no es de extrañar que se sintiesen atraídos por la estrategia estalinista de reconstrucción del aparato estatal republicano. La confianza creciente de estos grupos para enfrentarse a las posiciones revolucionarias y defender el libre mercado rompió la inestable unidad antifascista.

Los ataques contra la revolución crecieron a partir de la crisis de diciembre y en proporción directa con la pasividad de la jerarquía anarquista. Poco después de su nombramiento en diciembre, Comorera, como conseller de Proveïments de la Ge- neralitat, racionó el pan por primera vez desde la revolución. A pesar de los proble- mas ocasionados por la llegada a Catalunya de un número creciente de refugiados, la acérrima defensa de los tenderos y de los propietarios agrícolas por parte de Co- morera resultó en un aumento de la inflación e, irónicamente, favoreció a los equi- valentes locales de los “NEPman”, tan virulentamente perseguidos en la Unión Soviética del momento.

Hacia enero de 1937 las políticas de la distribución de alimentos se habían pola-rizado enormemente. El POUM, no sin razón, culpó a la política de libre mercado de Comorera de la escasez de alimentos y de las colas del pan. Como respuesta, Comorera y el PSUC identificaron la cuestión del hambre con la revolución, y atribuyeron la escasez de alimentos a la multiplicidad de comités revolucionarios locales y a las actividades de grupos de obreros armados. A continuación abogaron por la ampliación del control gubernamental. Mientras tanto, en febrero, los estalinistas mantuvieron el ímpetu de su campaña por una “autoridad única” mediante la organización de una protesta del cuerpo policial contra las patrullas de control.

Durante los primeros meses de 1937 la tensión se agudizó y se produjeron una se- rie de enfrentamientos entre grupos armados rivales en lo que se convirtió en una guerra intermitente en Cataluña entre las fuerzas estatales organizadas y los poderes revolucionarios en dispersión. Aurelio Fernández, un destacado líder anarquista de las patrullas de control, advirtió, proféticamente, que la agitación del PSUC sobre la escasez de alimentos “podría provocar una guerra civil en Catalunya”. Si bien no es fácil atribuir estos choques a ningún grupo en particular, ciertamente el cliché de los re- volucionarios “incontrolados” no es sostenible en el caso de enfrentamientos armados en los que morían o resultaban heridos anarquistas, como el presidente de las Juventu- des Libertarias en Centelles, cuyo cuerpo apareció mutilado. Lo que estos enfrenta- mientos indicaban era que el inestable acuerdo entre las fuerzas revolucionarias y el Estado que había sobrevivido desde julio, finalmente se estaba resquebrajando. Para los defensores del Estado republicano, cada vez más confiados y fuertes en su posición, todo esto constituía una prueba suplementaria sobre la necesidad de racionali- zar las estructuras de mando y centralizar el poder estatal.

La resistencia a la resurrección del viejo Estado vino de las bases de la CNT-FAI más que de su dirección. A principios de 1937, la oposición se hizo fuerte entre los comités revolucionarios locales aún activos, los comités de defensa cenetistas y las patrullas; también adquirió expresión organizada a través de ciertos sectores del movimiento anarquista y de los movimientos juveniles del POUM, que organizaron una asamblea de 14.000 jóvenes revolucionarios en Barcelona en febrero de 1937, en la que se produjeron una serie de llamamientos a favor de un Frente Revolucionario Juvenil. Este aumento del sentimiento revolucionario respondía a la frustración popular que había causado el hecho de que las concesiones económicas y políticas de los líderes de la CNT-FAI desde julio de 1936 no se habían traducido en victorias en los campos de batalla.

La oposición revolucionaria tenía además un fundamento material con el que había ganado ímpetu: el aumento de la inflación que había incrementado el coste de ciertos alimentos básicos en un cien por cien durante los seis meses de guerra civil, lo que afectaba sobre todo a los sectores más pobres de la sociedad urbana. Los revolucio- narios atribuían la inflación a la avaricia de los pequeños capitalistas organizados en el GEPCI y protegidos por el PSUC, a los que se acusó, y no sin razón, de acumular cosechas para aumentar los precios. Atestiguando la ruptura entre la economía urba- na y la rural, grupos de obreros armados y miembros de las patrullas de control em- pezaron a requisar cosechas en el campo. Dada la defensa por parte del PSUC de los derechos de los pequeños propietarios rurales, estas actividades atizaron las tensiones entre las fuerzas de seguridad estatales y los grupos de obreros armados.

En términos políticos, la oposición más importante que surgió del movimiento anar- quista fueron Los Amigos de Durruti, grupo que se formó en marzo de 1937 y que agrupaba a alrededor de un millar de milicianos que abandonaron el frente de Aragón con sus armas en protesta contra la militarización de la lucha antifranquista. Los Amigos de Durruti arremetieron contra la dirección de la CNT-FAI por haber dado la espalda “al concepto anarquista de la revolución” desde julio y por su gubernamen- talismo. En su lugar, Los Amigos abogaban por un control proletario del ejército y la policía, la supresión de los cuerpos de seguridad estatales y de los “parlamentos bur- gueses” (en los que los anarquistas seguían teniendo representación).

Pese a los argumentos a favor de una “segunda revolución”, la oposición revolu- cionaria no llegó a ser más que un movimiento defensivo, interesado principalmen- te en frenar el asalto del Estado republicano contra el poder de los comités locales y las patrullas obreras. Sin embargo, incluso como alianza defensiva, la oposición revolucionaria era un desafío directo a la reconstrucción del poder estatal. Así, a lo largo de la primavera de 1937, el PSUC y los republicanos aumentaron la intensi- dad de su campaña política en contra de lo quedaba de la revolución de julio.

Esto culminó el tres de marzo con un decreto de la Generalitat que pretendía disolver to- dos los comités revolucionarios y las patrullas obreras, que debían entregar el con- trol de la frontera francesa a las fuerzas estatales. Tras haber resurgido lentamente de entre las sombras de la revolución, el Estado ya estaba listo para reclamar su de- recho histórico al monopolio de la fuerza armada, una fuerza que se había roto en julio cuando los trabajadores se armaron para derrotar el golpe.

Los ministros de la CNT-FAI, instados por sus colegas ministeriales a cumplir con el decreto bajo la amenaza de ser excluidos de la Generalitat, finalmente abandonaron el gobierno. Más que una muestra de que los ministros anarquistas finalmente esta- ban preparados para oponerse a la erosión del poder popular, su posición reflejaba un claro apoyo a la línea del Frente Popular que habían seguido desde julio y su ingenua visión de que las patrullas obreras podrían seguir coexistiendo junto a los cuerpos de seguridad controlados por el Estado. Los líderes de la CNT-FAI tampoco tenían un plan alternativo a la colaboración gubernamental: tras una protesta simbólica, volvie- ron a la Generalitat a mediados de abril. Con la CNT-FAI de vuelta en el gobierno y compartiendo una responsabilidad colectiva en las iniciativas de la Generalitat, el controvertido decreto, que había quedado en suspenso desde la crisis de marzo, fue reintroducido el 27 de abril, ante lo cual los ministros de la CNT-FAI volvieron a contemporizar, aceptando el desarme de los últimos vestigios del poder revoluciona- rio. Se concedió 48 horas de plazo a las patrullas obreras para que entregaran sus ar- mas a la policía estatal. La tensión alcanzó un punto álgido cuando se produjeron enfrentamientos armados entre la policía y los trabajadores en lo que fue un intento por parte de grupos armados rivales de desarmarse mutuamente.

La Generalitat prohibió entonces las celebraciones del Primero de Mayo, argumentando que la tensión en Barcelona era demasiado grande. Dada la fuerza de las tradiciones obreras en la ciudad, esta decisión puede ser interpretada como una pro- vocación por parte del gobierno. Ciertamente, la prohibición de la concentración del Primero de Mayo no ayudó a solventar los conflictos callejeros entre el poder obrero armado y las fuerzas de represión republicana. Dos días más tarde, el 3 de mayo de 1937, estallaron en Barcelona los hechos de mayo.

La gota que colmó el vaso fue el intento de la policía catalana de hacerse con el control de la central telefónica: en consecuencia, la tensión latente entre la policía es- tatal, por un lado, y las patrullas, el POUM y los militantes anarquistas de los comités revolucionarios locales, por el otro, alcanzó un punto álgido. Barcelona quedó dividi- da en dos: los barrios proletarios se aislaron del resto de la ciudad a través de una red de barricadas protegidas por obreros armados, mientras que 2.000 agentes de policía, junto a las unidades armadas del PSUC, controlaban con cierta inestabilidad los prin- cipales edificios municipales y administrativos del centro de la ciudad, como el Pala- cio de la Generalitat, a pesar de que estaban al alcance de las baterías antiaéreas que controlaba la CNT en Montjuic.

Si bien los hechos de mayo pueden entenderse como una victoria militar para los sectores más radicales de la clase obrera de Barcelona, representaban una clara derrota política de ellos y de la revolución de julio. Pese a que los revolucionarios tenían una posición ventajosa en Barcelona y, de hecho, en casi toda Catalunya, sus movilizaciones carecían de coordinación; cuando los anarquistas radicales y los poumistas tomaron las calles y se hicieron con el control de los distritos obreros, como ocurrió en julio y en los meses siguientes, no apareció un órgano capaz de canalizar la energía revolucionaria contra el Estado. Los líderes de la CNT-FAI seguían atrapados en la lógica colaboracionista del Frente Popular, y rechazaron la invitación del POUM para crear una Frente Obrero Revolucionario y nuevas estructuras políticas capaces de reprimir a los enemigos de la revolución. De hecho, desde el comienzo de la lucha, adoptaron una postura conciliadora y usaron toda su influencia sobre los militantes en los barrios y en las patrullas obreras para poner fin al conflicto y derribar las barricadas (es muy llamativo que el líder anarquista Diego Abad de Santillán pasara la crisis de mayo en el Palau de la Generalitat, muy lejos de las luchas callejeras).

Las barricadas se abandonaron bajo la presión de los líderes anarquistas y el 7 de mayo las patrullas de control aceptaron la autoridad de la Generalitat. Al pedir el desmantelamiento de las barricadas, los líderes de la CNT estaban entregando su principal fuente de poder, que se encontraba en las calles. Las promesas de Companys de que no habría “ni vencedores, ni vencidos” carecieron de valor. Cuando la lucha llegó a su fin, se procedió a la erradicación de lo que quedaba del poder revolucionario de julio: en el mismo mes de mayo, los comités revolucionarios y las patrullas de control fueron disueltas por decretos gubernamentales, haciendo uso de la fuerza siempre que fue necesario. El poder de los barrios proletarios y la revolución había llegado a su fin y, en la opinión de Criticón (19 de junio de 1936), se había impuesto “la dictadura de los tenderos de la UGT”.

Con los restos de las barricadas aún en las calles, los líderes anarquistas tuvieron que pasar a la defensiva pues, para su sorpresa, fueron expulsados de la Generalitat, lo que ya había ocurrido con el POUM seis meses antes. Ese mismo mayo, la CNT-FAI también quedó fuera del gobierno central. Los partidos republicanos y estalinistas ya no necesitaban a los jefes anarquistas, que no tardaron en darse cuenta de que no habían obtenido las garantías necesarias durante la tregua que puso fin al conflicto de mayo, otro ejemplo de su ingenuidad política. Sin embargo, el idealismo de los diri- gentes de la CNT-FAI era tal que seguían exigiendo el cese de Rodríguez Salas, a quien se hacía responsable de los hechos de mayo, sin querer asumir que las luchas callejeras eran el desenlace inevitable de las contradicciones del acuerdo político posterior a julio de 1936.

La conclusión de los hechos de mayo también fue una victoria para el poder cen- tral. Catalunya alcanzó la mayor independencia de su historia contemporánea gra- cias a la revolución de julio. La gran ironía es que los nacionalistas de ERC seopusieron a ella, los catalanistas del PSUC minaron el experimento y la política de ambos propició la extensión del poder central.

Para concluir, las luchas de mayo fueron un movimiento de protesta contra la erosión del poder revolucionario que, al igual que la insurrección popular contra el golpe militar del mes de julio anterior, carecían de una dirección política clara. Se trató de una protesta fragmentaria y con una base local que carecía de punto focal alguno para oponerse a la reconstrucción del Estado. El estalinismo y sus aliados republicanos defendían la fórmula de un mando único, mientras que dentro del ma- yoritario movimiento anarquista, sólo Los Amigos de Durruti llegaron a proponer un mando único revolucionario, pero ya era demasiado tarde y Los Amigos se que- daron aislados dentro del movimiento libertario.

Desde un punto de vista político, buena parte de la oposición anarquista carecía de una apreciación clara de los acontecimientos, y consideraba, por ejemplo, la cre- ciente tensión entre el POUM y el PSUC en los mismos términos que la dirección de la CNT-FAI: como una “guerra de hermanos” o como “la querella entre Stalin y Trotsky” y no como una lucha sobre el futuro de la revolución. Es más, aunque mu- chos anarquistas radicales estaban dispuestos a unirse al POUM en las calles, éstos se mantuvieron enormemente hostiles a su política. Además, en el movimiento li- bertario la oposición a la dirección era de carácter defensivo, pues se temía cual- quier acción que pudiera conducir a una escisión en la CNT-FAI. Finalmente, esta misma oposición, si bien estaba en contra de las concesiones de los líderes de la CNT-FAI, a menudo compartía su reformismo y defendía la dimisión de ciertas fi- guras públicas clave de sus cargos gubernamentales, como si eso bastara para dete- ner “la quiebra de la revolución española”. En muchos sentidos esta “quiebra” se remontaba a una época anterior, resultado de la pobreza teórica de la izquierda re- volucionaria, como bien resumirían Los Amigos de Durruti:

“La CNT estaba huérfana de teoría revolucionaria. No teníamos un programa correcto. No sabíamos adónde íbamos… y por no saber qué hacer entregamos la revolución en bandeja a la burguesía.”

Así pues, sin un análisis de la crisis política del movimiento libertario durante la guerra, los hechos de mayo no se pueden entender.

Chris Ealham es historiador y especialista en el movimiento obrero. Autor de “La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937”. Madrid: Alianza Editorial, 2005.

VIENTO SUR Número 93/Septiembre 2007

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